Supresiones autoritarias y resistencias cívicas en Latinoamérica

Nuestros investigadores Armando Chaguaceda y María Isabel Puerta escriben junto a Elvira Cuadra "Supresiones autoritarias y resistencias cívicas en Latinoamérica" publicado en Agenda Pública. Disponible en https://agendapublica.es/supresiones-autoritarias-y-resistencias-civicas-en-latinoamerica/



A 20 años de la aprobación de la Carta Interamericana, el panorama político latinoamericano se encuentra en las antípodas de 2001. El viejo optimismo del consenso democrático naufraga, víctima del avance de derechas e izquierdas radicales. La ausencia de mecanismos efectivos sancionadores de los gobiernos violadores de derechos humanos ha convertido poco menos que en letra muerta los principios de la Carta. Se imponen la crudeza de la geopolítica y de las ideologías iliberales, como sucedió a lo largo del siglo XX, sobre la sociedad abierta y la convivencia republicana.

Tres tipos de amenazas penden hoy sobre la maltrecha democracia latinoamericana. A veces, estos peligros se mezclan o solapan, generando espirales perversas. La primera amenaza, ‘erosiva’, se manifiesta a través de procesos endógenos (oligarquización, corrupción, desafección)en el seno de sociedades y regímenes aún democráticos. La pandemia ha venido a añadir el efecto combinado de la doble crisis (económica y sanitaria) que tensiona las capacidades estatales e incrementa la pobreza y desigualdad endémicas. Como resultado, mucha gente confunde el mal desempeño institucional con un problema ontológico de la democracia misma. Revisar los estudios de think tanks cómo Idea, Latinobarómetro o V-Dem arroja luz sobre este proceso erosivo.

La segunda amenaza, ‘tensionante’, va de la mano del intento populista (de signo ideológico diverso) por torcer las fronteras del Estado de derecho. Los últimos movimientos de Nayib Bukele o Jair Bolsonaro apuntan a desestabilizar de modo violento, bajo discursos religiosos, conservadores y mesiánicos, el andamiaje del equilibrio de poderes que sustenta el orden democrático; contando, de modo cesarista, con cierto aval popular. La retórica pleisbicitaria de Andrés Manuel López Obrador y sus enemigos radicales, así como la polarización discursiva argentina llevan al mismo escenario de tensiones, ubicado en el borde de la democracia.

La tercera amenaza, ‘supresiva’, es existencial. La imponen poderes que vulneran los más básicos elementos de la convivencia humana y del derecho a tener derechos; incluido el de su vida. Aparece cuando bandas criminales más o menos organizadas se adueñan de franjas del territorio nacional, así como de los flujos financieros y migratorios; también cuando los regímenes autoritarios sustituyen (Jacques Rancière dixit) la política por la Policía. Es lo que sucede hoy en Cuba, Nicaragua y Venezuela.

La hubris despótica sigue un guión común. En los tres países, a los detenidos se les acusa de desórdenes públicos, conspiración con potencias extranjeras o instigación a delinquir. Se imponen vetos al acompañamiento de organizaciones no gubernamentales o a la documentación de la situación por entidades del sistema de Naciones Unidas. Este comportamiento viola flagrantemente cualquier estándar internacional en la materia.

A dos meses de las protestas del 11 de julio, Cuba tiene hoy un récord de procesados por causas políticas: 1.002, según Cubalex. De ellos, 505 permanecen encarcelados, y otros 416 salieron de prisión con multas o reclusión domiciliaria. Hay 15 menores de 18 años; muchos sin poder ser visitados por familiares. En Nicaragua, el Mecanismo para Reconocimiento de Presas y Presos Políticos identifica más de 155 presos; incluidos los capturados en la última razzia contra líderes y candidatos opositores, además de periodistas, empresarios y defensores de los derechos humanos. Han estado semanas sin ver a abogados o familiares, incomunicados y con poco acceso a espacio abierto. En Venezuela, Foro Penal identifica 261 presos, incluidas mujeres, personas con enfermedades graves y reos apresados en condiciones virtuales de secuestro.

Con esta actitud, los regímenes autoritarios violan su propia legalidad. La Constitución cubana (2019) plantea, en su artículo 56, que “los derechos de reunión, manifestación y asociación, con fines lícitos y pacíficos, se reconocen por el Estado siempre que se ejerzan con respeto al orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley”. La Constitución sandinista (1987) reconoce (art. 54) “el derecho de concentración, manifestación y movilización pública de conformidad con la ley”. La Constitución bolivariana de 1999 ampara (art. 68) el “derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley”.

En Cuba, las históricas protestas del domingo 11 de julio marcaron un hito. A través de las redes sociales, la noticia se esparció de manera exponencial y en pocas horas hubo manifestaciones en todas las provincias. Un informe reciente habla de protestas en más de 60 ciudades, con casi 200 000 participantes. Según avanzaba la jornada se produjeron enfrentamientos con las fuerzas policiales y las llamadas Brigadas de Respuesta Rápida, movilizadas para controlar y sofocar las protestas. La situación se agravó cuando el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, compareció en la televisión el mismo 11 de julio. En un discurso improvisado, negó legitimidad a las manifestaciones y afirmó que estaba “dispuesto a todo” y que había dado “la orden de combate».

Con las protestas se desmoronó la idea de un pueblo genéticamente incapacitado por seis décadas de castrismo para reclamar a sus gobernantes; también el mito de una revolución eterna, que disuelve las responsabilidades del Estado autoritario en la supuesta identificación de pueblo/Gobierno/partido único. Se rompieron el discurso de la unicidad y la irrevocabilidad del socialismo como sistema para Cuba.

En Nicaragua, Daniel Ortega anuló la legitimidad de las elecciones previstas para noviembre de este año con las reformas a la ley electoral aprobadas a inicios de mayo, el nombramiento de magistrados electorales, la suspensión de las personalidad jurídica a tres partidos y la detención de los candidatos de oposición con mayores posibilidades de competir en la contienda electoral y aglutinar un porcentaje mayoritario de los votos. El escenario terminó de cerrarse cuando decidió hacer oídos sordos a las demandas planteadas, en octubre de 2020, por la Organización de Estados Americanos (OEA), que en una de sus resoluciones más importantes estableció siete condiciones indispensables para que el proceso electoral sea considerado justo, competitivo y transparente. Ortega se ha postulado nuevamente como candidato junto a su esposa y actual vicepresidenta, Rosario Murillo, evidenciando su intención de continuar en el poder.

Mientras tanto, la ciudadanía nicaragüense ha perdido la esperanza en las votaciones como una alternativa de cambio democrática y cívica, de manera que es muy probable que se produzca una abstención masiva. Las organizaciones y grupos que conforman el movimiento cívico, aunque golpeadas por la escalada represiva desatada por Ortega, han denunciado la ilegitimidad del proceso y demandan el no reconocimiento de sus resultados por parte de la comunidad internacional.

En Venezuela, el Gobierno de Nicolás Maduro asiste a un proceso de negociación con la oposición, que se lleva en México bajo la facilitación del Ejecutivo noruego. Este nuevo intento va en paralelo con la convocatoria de elecciones regionales, en un ambiente de desconfianza institucional que vuelve a pillar a esa oposición debatiéndose entre la participación electoral y la abstención. Además de la falta de confianza en los comicios, la persecución política no ha cesado, siendo la detención arbitraria de los miembros de FundaRedes uno de los casos más recientes, luego de las denuncias acerca de las incursiones de la guerrilla colombiana en territorio venezolano y la fallida respuesta del Ejército de este país, lo que provocó la reacción del Gobierno. Sin embargo, la negociación en México no ha sido obstáculo para que persista el patrón de abuso de poder, con el régimen adelantando de nuevo averiguaciones judiciales en contra Juan Guaidó, al que acusan de traición a la patria, entre otros delitos. Mientras, el régimen amenaza con imponer a su protegido, Alex Saab, como parte de la delegación negociadora, y así abortar su proceso de extradición a Estados Unidos.

El Gobierno venezolano ha conformado un mecanismo eficiente de persecución mediante la articulación de la legislación con el sistema de justicia, en un intento por aparentar cierta legitimidad institucional. La capacidad del régimen de formular cargos y procesar delitos de naturaleza política contrasta con su ausencia cuando se trata de delitos de otra naturaleza. Queda claro que, para el Gobierno de Maduro, el Poder Judicial es una herramienta para someter a los adversarios políticos, generar las condiciones para profundizar el control social y, en general, para mantenerse en el poder. El balance en Venezuela es el de una erosión significativa de la institucionalidad democrática en favor de la construcción de un sistema autoritario.

Pese a tan adverso panorama, en los tres países y en toda la región, la ciudadanía busca formas creativas de defender sus espacios y derechos, por frágiles que éstos sean. La gente toma conciencia de la crisis que les asedia, pero insisten en ejercer dignamente su condición humana. Los artistas siguen denunciando la represión; los familiares de presos reclaman por sus seres queridos injustamente encarcelados; los activistas comunitarios ayudan a reconstruir el tejido social dañado, a llevar ayuda humanitaria y mantener la educación e incidencia cívicas; organizaciones, personalidades y liderazgos políticos solidarios, en todas partes del mundo, denuncian lo que ocurre en aquellos lugares donde la dignidad material y moral de las personas ha sido vulnerada.

Aunque vivamos horas oscuras, la historia enseña que no será el fin de estas naciones. Tenerlo en cuenta no es una inmolación romántica, sino la asunción cabal de la complejidad y contingencia del mundo en que vivimos. El pensador y líder Antonio Gramsci, en la carcel fascista, nos dijo (con su palabra y ejemplo) que, ante situaciones adversas, era aconsejable combinar el pesimismo del intelecto y el optimismo de la voluntad. A fin de cuentas, como decía Scott Fitzgerald, “uno debiera ser capaz de ver que las cosas son irremediables y, sin embargo, estar decidido a cambiarlas”. En ello, decía el escritor, radica la prueba de una alta inteligencia humana.

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